Solagua, Leganés

QUEDADA-CONCENTRACIÓN
Día: DOMINGO 29 de ENERO de 2006
Hora: 12:00 h
Lugar: PLAZA DE ESPAÑA de Leganés

CONCENTRACIÓN
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6650 FAMILIAS ESPERAMOS NUESTRAS VIVIENDAS EN LEGANÉS

Después de 7 años esperando una vivienda en Leganés, en los futuros barrios de Ensanche de San Nicasio, Poza del Agua, Solagua y Vereda de los Estudiantes, y realizando los pagos mes a mes (20 % entregado como marca la ley), nos encontramos sin licencias para construir, sin aprobar los planes de reparcelación, sin fecha de entrega de nuestras viviendas y sufriendo un incremento año tras año del precio final.
¿Dónde esta la vivienda para gente joven en Leganés, prometida durante años?
El PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) fue aprobado en el año 2000 y nos encontramos a fecha de hoy sin un solo ladrillo puesto.

QUEDADA-CONCENTRACIÓN
Día: DOMINGO 29 de ENERO de 2006
Hora: 12:00 h
Lugar: PLAZA DE ESPAÑA de Leganés

Que cumplan lo prometido… ¡¡ QUEREMOS NUESTROS PISOS YA !!

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Cartel de la convocatoria en:
http://espacioforos.miarroba.com/197473/CartelQuedada.pdf

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ENSANCHE de SAN NICASIO
www.ensanche.foro.st
ensanchedesannicasio@gmail.com

El Partido Popular (PP) de Leganés denuncia la paralización de planes urbanísticos en el Ensanche de San Nicasio, Poza del Agua, Solagua y Vereda de los Estudiantes, lo que afecta, provocando retrasos en la entrega de viviendas, a 6.650 vecinos, que llevan esperando desde 1999 la construcción de sus hogares. Su portavoz, Guadalupe Bragado, criticó a PSOE-IU por rechazar su propuesta de crear una Gerencia de Urbanismo para agilizar estas cuestiones.

En total se trata de 1.375 viviendas en el Ensanche de San Nicasio, 1.750 en Poza del Agua, 2.325 en Solagua y 1.200 en Vereda de los Estudiantes, siendo el 60 por ciento de protección oficial. Según Bragado, Urbanismo está colapsado, lo que se traduce en el retraso continuo en la entrega de los pisos. Todos estos problemas ponen de manifiesto la deficiente gestión llevada a cabo por el equipo de Gobierno en urbanismo. Su mal funcionamiento y sus problemas internos de gestión hacen que PSOE e IU sean incapaces de organizar sus recursos y de controlar el volumen que tienen. Un ejemplo claro del volumen sin resolver que tienen en la delegación, son las licencias provisionales, ya que son muchos los comerciantes y empresarios que han tenido que esperar hasta 10 años para conseguirla.

Igualmente, el PP presentó dos mociones al pleno para pedir el cese inmediato del presidente de Emsule, Raúl Calle, por su supuesta falta de transparencia e ineficacia, y el acondicionamiento del espacio situado entre el Instituto de La Fortuna y el colegio público Giner de los Ríos. PSOE-IU rechazaron sendas propuestas.

Información extraída: “Mercado de Leganés”

La Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) prevé tener en ejecución en el año 2006 un total de 2.196 viviendas de protección en doce promociones: 5 en el Plan Parcial PP6, 2 en el PP 8, 3 en el PP 1, una en el PP5 y otra en La Fortuna, con un presupuesto de 118 millones de euros.

La promoción más numerosa será la de 1.000 viviendas del Plan Parcial 5 de la localidad en régimen de venta, sin olvidar los 186 pisos del
PP6. Además, la empresa pública gestionará también 1.163 plazas de aparcamiento en parkings con barrera (en las que se aplicará la tarificación
por minutos), costando el minuto 0,02 €. En cuanto a las viviendas en régimen de alquiler, la compañía gestionará 258 viviendas.

Para Raúl Calle (IU), presidente de EMSULE y primer teniente de alcalde, “los Presupuestos municipales recogen las partidas económicas necesarias para hacer realidad nuestro compromiso de promover 2.500 viviendas protegidas en esta legislatura. Para ello vamos a invertir 19.600 millones de las antiguas pesetas, el mayor presupuesto de toda la historia de EMSULE. Queremos facilitar el acceso a una vivienda para los jóvenes y trabajadores de Leganés, sin que tengan que hipotecar toda su vida”.

Calle destacó que “EMSULE goza de buena salud económica, pues cuenta con un capital social de 21 millones de euros (3.500 millones de pesetas) y que aportará al Ayuntamiento más de 4 millones de euros en concepto de tasas e impuestos como consecuencia de la promoción de dichas viviendas”.

EMSULE ya ha entregado en esta legislatura las llaves de 581 viviendas.

Jóvenes de Comisiones Obreras (CCOO) de la zona sur de Madrid denuncian la política del Partido Popular (PP) de permitir subidas en el modulo de vivienda protegida de hasta un 25 por ciento, a la vez que no entiende cómo el Ayuntamiento de Leganés, formado por un gobierno de izquierdas, decide acogerse a este porcentaje máximo opcional, según indica el sindicato en nota de prensa.

CCOO se plantea la posibilidad de ofrecer a los vecinos la opción de reclamar por vía administrativa indemnizaciones por retrasos en construcciones de viviendas incluyendo además la retirada de subidas del modulo uniéndose de esta forma a iniciativas como las de la asociación de vecinos del PAU de Carabanchel.

Jóvenes de CCOO desarrollan desde hace dos años una campaña por una vivienda digna, consistente en la recogida de firmas, protestando en el último sorteo del Emsule, haciendo charlas informativas y realizando un festival.

Su propuesta pasa por la municipalización del suelo necesario para construir viviendas en alquiler, cuyo coste no supere el 20 por ciento del salario del arrendatario, y crear organismos en los que los propios vecinos velarán por la transparencia de los proyectos urbanísticos municipales, como medida para evitar problemas como el de la plaza Mayor. Las firmas obtenidas se presentarán al pleno. Anuncian que los días 3 y 10 de diciembre estarán en la entrada de Parquesur a las 18 horas, aproximadamente.

Información extraída: “Mercado de Leganés”

Una treintena de adjudicatarios de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (Emsule) se concentró el lunes 25 ante la sede de este organismo, presidido por Raúl Calle, de IU, para exigir información sobre si sus viviendas protegidas, adjudicadas en noviembre, sufrirán o no la subida del 25 por ciento aprobada por la Comunidad de Madrid tras el sorteo de esta última promoción.

El gobierno regional aseguró que el aumento del 25 por ciento en los pisos protegidos no sería retroactivo. Sin embargo, los más de 400 adjudicatarios han recibido hace unas semanas sendas cartas de Emsule en las que les sugiere de forma suave y dando vueltas al tema que podría aplicarse sobre sus hogares de Solagua y Vereda de los Estudiantes este incremento, lo que llevaría a algunos pisos a costar 4 millones más que el precio estipulado por Emsule antes del sorteo multitudinario.

Apoyados por el partido independiente Unión por Leganés (Uleg), el grupo de adjudicatarios, reunido a través de una convocatoria por Internet desde el foro Emsule de Uleg (www.uleg.net) entró en la sede municipal de la plaza del Salvador y consiguió el teléfono de su gerente, Enrique Olmedillas, para solicitarle una reunión en la que les aclare si se les aumentará el precio de sus casas. Estos pisos no nos los da Raúl Calle, se pagan con el dinero de todos los vecinos y con el de cada uno de nosotros, y lo menos que nos debe decir Emsule es la verdad, señalaron algunos de los presentes.Uleg ha sugerido que a Emsule se le pudo pasar el plazo para declarar ante la Comunidad que las promociones de Vereda y Solagua (Gran San Nicasio) eran protegidas. Si esto es así, cada hogar público valdrá una media de 4 millones de pesetas más.

El partido local Unión por Leganés (Uleg) sospecha que los adjudicatarios de las viviendas protegidas de Emsule sorteadas en noviembre deberán pagar una media de 4 millones más de pesetas por sus pisos ante la subida del 25 por ciento del módulo aprobado por la Comunidad, aunque acusan a Emsule de ello ya que el sorteo se llevó a cabo antes de la aprobación de este nuevo gravamen regional.Uleg asegura haber recibido quejas de adjudicatarios de Solagua y Vereda que aseguran que Emsule les ha remitido una carta donde de forma repentina se les informa de los cambios legislativos llevados a cabo por la Comunidad, insinuándose que podrían verse afectados por la subida de los módulos de vivienda protegida. Los vecinos ante esta desagradable sorpresa (que incrementa el coste de su hogar adjudicado en un 25 por ciento) se pusieron en contacto con Emsule para que les diera una respuesta concluyente, si bien solo recibieron contestaciones dubitativas, contradictorias y demorandose toda afirmación para el momento de la firma del contrato (en el próximo mes de mayo), señala Uleg en nota de prensa.

Su presidente, Carlos Delgado, exige al presidente de la Empresa Municipal, Raúl Calle, de IU, respuestas inmediatas, claras y concisas sobre este asunto. Todo indica que Emsule está queriendo escurrir el bulto por otra metedura de pata. Y es que la reforma normativa no tiene efectos retroactivos, es decir, que no debe afectar a estas promociones, a no ser que no se hayan hecho los deberes y se estuviera publicitando viviendas de VPP (desde mayo del año pasado) que todavía no se hubieran pedido su calificación como tal.

Delgado criticó la política de vivienda del PP y PSOE, porque si la solución es subir un 25% los módulos de VPP o hacer pisos de 25 m2, lo llevamos claro, y concluyó, si todo es fruto de la incompetencia habitual de Raúl Calle (IU), hábil en descargar culpas en espaldas ajenas, en esta ocasión le va a ser difícil justificar ese desembolso suplementario a las ya sufridas economías de los leganenses adjudicatarios.

A si mismo los adjudicatarios de las viviendas van a convocar una manifestacion el lunes 25 a las 18:00 de la tarde en las puertas del Emsule para protestar por la subida y la falta de informacion por parte del Emsule.

Inspectores de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (Emsule) han detectado 24 casos de fraude entre los adjudicatarios de las 437 viviendas protegidas que se construirán en el Ensanche de San Nicasio (Solagua) y Vereda de los Estudiantes, cuyo sorteo se desarrolló el 28 de noviembre entre 11.400 aspirantes.Como represalia no se les permitirá asistir a otros sorteos públicos y se les anulará la adjudicación ocupando su puesto las familias en lista de espera. Su presidente, Raúl Calle (IU), informó la semana pasada que los dos inspectores municipales, que empezaron su labor contra los engaños en enero, han localizado «casos en que la gente ha mentido en los datos», dentro de la comprobación de la documentación que está realizando la empresa pública, como la petición del padrón municipal y el registro de la propiedad.

A los aspirantes se les pide únicamente una declaración jurada de que no poseen una segunda vivienda y que llevan al menos 4 años viviendo o trabajando en la ciudad. Antes no se les pide la hoja de empadronamiento para no colapsar los servicios municipales ante la gran demanad de este tipo de sorteos.

Según Calle, las irregularidades detectadas tras revisar el 90 por ciento de las adjudicaciones, están relacionadas con «los incumplimientos de los requisitos», como el hecho de que haya adjudicatarios que «no llevan viviendo o trabajando en Leganés en los últimos cuatro años o que, teniendo vivienda en propiedad, se han presentado al sorteo».

Hay casos de gente con tres viviendas en propiedad a los que el azar seleccionó. Estas personas accedieron al sorteo tras mentir en la declaración jurada de no poseer viviendas», lamentó. La empresa pública decidió contrastar la documentación sobre propiedades de los adjudicatarios una vez concluido el sorteo para que no se viesen obligados a desembolsar dinero por el certificado negativo del registro de la propiedad y del certificado de empadronamiento a los 11.400 aspirantes que optaron a esta promoción.

Ahora, los responsables municipales retirarán el derecho al piso municipal a los adjudicatarios implicados en las irregularidades. «Llevaremos el caso al consejo de Administración de Emsule para quitarles el derecho a la vivienda y que corra la lista», adelantó el también primer teniente de alcald, que afirmó que esta lista de espera (de un centenar de personas) se constituyó también por sorteo público y ante notario en el mismo sorteo del pasado noviembre.

«Solamente estamos defendiendo la legalidad y hay que destacar la profesionalidad de los inspectores de Emsule», subrayó, y recordó que el cuerpo de inspectores comenzó a funcionar el 2 de enero, y que continuará su labor incluso cuando los pisos estén construidos para evitar ventas fraudulentas de estos hogares protegidos cuyos precios oscilaron entre 81.737 y 111.187 euros. Con esta medida, el Ayuntamiento pretende garantizarse el derecho de tanteo y retracto hasta en quince años.

Información extraída: “Mercado de Leganés”

El Ministerio de Defensa se interesa por unas parcelas urbanizables junto a su trazado. El Consistorio ha reservado dinero de 2006 para
construir el bulevar, proyectado hace un lustro.

El Ayuntamiento de Leganés mantiene abiertas las negociaciones con el Ministerio de Defensa para obtener de forma gratuita los terrenos de
la antigua vía militar del barrio de San Nicaio, con la intención de construir un bulevar. Ambas partes tratan de perfilar el nivel de aprovechamiento que mantendría el Ministerio tras la cesión gratuita
al Consistorio de los terrenos. Concretamente, las conversaciones giran en torno a una serie de parcelas urbanizables a lo largo del trazado, incluidas en el Plan General de Ordenación Urbana. El Consistorio ha incluido las partidas para desarrollar los trabajos en los presupuestos municipales del próximo año. La zona está sufriendo una transformación que afectará también al puente de Campo de Tiro sobre la vía militar, dentro del desarrollo urbanístico en el Ensanche de San Nicasio.

Información extraída: “Periódico Mercado de Leganés”

La Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) anunció que investigará la adjudicación de las últimas 437 viviendas protegidas que se construirán en los Planes Parciales números 6 y 8 -en las zonas de Solagua y Ensanche de Vereda de los Estudiantes-, cuyo sorteo se realizó el pasado 28 de noviembre en plaza de toros La Cubierta ante 11.400 aspirantes.

El presidente de EMSULE, Raúl Calle, aseguró que el objetivo de esta medida es comprobar que “no se han producido irregularidades entre los aspirantes”. Así, se les exigirá nuevamente la documentación para comprobar, por ejemplo, que no son propietarios de otra vivienda en la región.

Posteriormente, cuando los pisos estén construidos, los responsables de EMSULE designarán inspectores que intentarán impedir que los adjudicatarios vendan sus viviendas protegidas bajo contratos privados, sin escriturar, por encima del precio tasado y antes de los diez años que marca la ley, una práctica que empieza a ser habitual.

En este sentido, Calle advirtió de que, en caso de detectarse cualquier anomalía, la sanción podría derivar en “la retirada del derecho del adjudicatario a ocupar la vivienda”. “Estamos dispuestos a ir incluso a los tribunales”, explicó el presidente de la empresa pública leganense, quien informó de que EMSULE ya ha detectado algunos casos de especulación.

Por su lado, el gerente de la empresa, Enrique Olmedillas, precisó que “es un sistema de control para, en el momento en que detectemos cualquier irregularidad, ejercer nuestros derechos con denuncias y multas por incumplimiento de contrato”. La iniciativa, según el directivo, pretende evitar que los adjudicatarios de estas viviendas protegidas -cuyos precios oscilan actualmente en Leganés entre los 81.737 y los 111.187 euros- puedan vender antes de los diez años.

La implantación de este mecanismo se acordó después de que los responsables de EMSULE detectasen que, en cada Pleno municipal, hay al menos una petición para que el Consistorio leganense ejerza el derecho de tanteo y retracto sobre viviendas adjudicadas recientemente, lo que hace sospechar sobre la existencia de gente que “vende las viviendas bajo documentos privados”, según Olmedillas.

Información extraída: “Madridpress”

Una batería de trece medidas podrían servir, si las adoptan las administraciones públicas, para bajar el precio de los pisos. Al menos esa es la propuesta de la Plataforma por la Vivienda Pública en el Sur de Madrid para que los jóvenes tengan acceso a un hogar, derecho constitucional muy difícil de cumplir por el exceso en las tarifas inmobiliarias.

Piden, por ejemplo, participar en la elaboración de la nueva Ley del suelo de la Comunidad, también en el Consejo Regional de la Vivienda y en el diseño de un plan especial urbanístico para la región que contemple una reserva mínima de suelo para Vivienda de Protección Pública (VPP) no inferior al 60 por ciento.

De igual forma se contemplaría la recalificación de terrenos públicos (cuarteles en desuso, terrenos de Renfe y polígonos industriales) para levantar casas a bajo coste.

Los ayuntamientos deberían recibir una la cesión del suelo del 15 por ciento para hogares protegidos, a la vez que exigen que la calificación de viviendas publicas sean de por vida, ejerciéndose el derecho de retracto por parte de las Administraciones Publicas, implicando a los notarios y registradores de la propiedad.

Otra forma de abaratar los pisos pasaría por suprimir la subasta del suelo publico potenciar la construcción de viviendas en alquiler y alquiler con opción a compra, cuya renta anual no supere el 5 por ciento del valor de la vivienda y en función de su poder adquisitivo.

Igualmente, habría que ampliar el plazo de la cuenta ahorro vivienda de 4 a 8 años; reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales del 7 al 2 por ciento en todas las VPP.

La Plataforma, integrada por asociaciones de vecinos, sindicatos y otras entidades ciudadanas, propone que la entrega de subvenciones se realice en el momento de la adquisición ya sea en alquiler ó compra.También habría que reservar un porcentaje de terrenos para viviendas en intercambio, con el fin de facilitar el acceso a aquellas personas que bien por su edad o por deficiencias físicas, y no pudiéndose adaptar sus actuales viviendas, necesiten hogares técnicamente accesibles incrementar las partidas presupuestarias, destinadas a la rehabilitación de viviendas antiguas de carácter VPP; y finalmente, reducir todas las tasas en VPP (aparejadores, notarios, etcétera).

Información extraída: “Mercado de Leganés”